El movimiento lesbian-gay está feliz

La Suprema Corte de EE.UU. pareciera dispuesta a declarar inconstitucional la Ley de Defensa del Matrimonio (DOMA, por sus siglas en inglés) que el Congreso aprobó en 1996 bajo la presidencia de Bill Clinton y que prohíbe los casamientos entre personas del mismo sexo. El martes pasado se inició el debate en el máximo órgano de Justicia y los antigays no salieron bien parados.

La juez Elena Kagan pasó revista al informe que la Cámara de Representantes elaboró cuando se aprobó la ley. Leyó: “El Congreso ha decidido reflejar y honrar un juicio moral colectivo y expresar su desaprobación de la homosexualidad”; se dice que hubo carraspeos y risas en la sala (www.salon.com, 28/3/13). La mayoría de los jueces de la Corte aprobarían el desechar DOMA: aducen que es una ley basada en la moral y no en el derecho. El “matrimonio entre iguales” es legal en nueve estados de la Unión y en el distrito de Washington, pero está prohibido en los otros 31 estados.

Si la Suprema Corte aprueba la derogación o modificación de DOMA, su decisión tendrá alcance federal y las parejas lesbian-gay gozarán de todos los derechos y beneficios que asisten a los matrimonios heterosexuales: exención de algunos impuestos, seguridad social para los cónyuges y apoyos a los veteranos de guerra. Obama se pronunció claramente a favor de la derogación de DOMA y envió abogados al proceso como parte, afirmando el principio constitucional de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Hace décadas que la parejas homosexuales reivindican su condición en Occidente. No sólo abunda la literatura en la materia: producen acciones como las “marchas del orgullo gay”. A quien esto escribe le tocó presenciar una en Berlín hace unos años. De pie en la puerta del hotel, vio desfilar a miles de personas, algunas disfrazadas, familias con sus hijos en carriolas y algo ingenioso y divertido: un gay vestido de campera y pantalón de cuero negro con brazaletes de eslabones de cadena y una sillita para niños colgada del cuello contra su pecho en la que había sentado a un peluche, un osito vestido exactamente igual que el portador. Era simbólico, sin duda: tal vez reclamaba así el derecho a criar hijos.

El movimiento fue ganando espacio en la opinión pública occidental, incluida la estadounidense. Un estudio reciente del Pew Center de Washington DC llega a la conclusión de que “el aumento del apoyo a los matrimonios del mismo sexo que se verificó en la década pasada es uno de los mayores cambios de opinión respecto de las cuestiones políticas en ese período”. Lo atribuye al incremento de adultos jóvenes “más abiertos” y señala un hecho importante: el 14 por ciento de la población manifestó que cambió de parecer y está a favor de los casamientos gays (www.people-press.org, 20/3/13).

El estudio señala que el 70 por ciento de los llamados “del milenio”, es decir, los nacidos a partir de 1980 y que hoy tienen de 18 a 32 años, está a favor de los matrimonios del mismo sexo, una proporción mucho más alta de la que se registra entre las generaciones de mayor edad. La opinión propicia de los más jóvenes pasó del 51 por ciento en el 2003 al 70 por ciento una década después. Aquellos que cambiaron su apreciación fueron interrogados acerca de las razones de su nueva actitud: un 32 por ciento dijo que tenía un amigo, un conocido o un familiar homosexual. Algunos manifestaron que habían pensado sobre la cuestión o simplemente habían crecido y otros que la gente debía tener la libertad de elegir lo que la hacía feliz.

Los cuatro jueces liberales de la Suprema Corte se inclinan por la anulación o derogación de DOMA. La jueza Ruth Bader insistió en que esa ley establecía dos clases de matrimonio: el de “pleno derecho” y el “desnatado” (www.nytimes.com, 27/3/13), pero esta idea no es unánime: Paul D. Clement, que defiende esa ley en nombre de los republicanos de la Cámara baja, argumentó que el gobierno federal tiene derecho a aplicar una definición de matrimonio uniforme en toda la nación. De hecho, más de mil leyes y programas federales dan por sentada la validez jurídica del matrimonio heterosexual.

Las diferencias giran en torno de un tema que se remonta a los primeros días de la república estadounidense, es decir, si es una atribución parlamentaria la de aprobar leyes que recortarían los derechos de un grupo en particular. James Madison propuso una enmienda del proyecto de Constitución que cercenaría la facultad del Congreso de establecer impuestos y gastar dinero en asuntos específicamente mencionados en otros artículos y Alexander Hamilton indicó que no se podían introducir límites en el texto constitucional. Hamilton ganó la votación.

La derogación de DOMA no complacería a la densa oposición minoritaria. En la sociedad estadounidense aún se producen episodios como éste: Tim McDaniel, profesor de Ciencias en una escuela secundaria de Idaho, está siendo investigado porque empleó la palabra “vagina” en una clase de biología (www.salon.com, 27/3/13). No hay por qué nombrar todo lo que existe aunque haya sido bautizado.

Obama iguala las deportaciones sumadas de más de un siglo

Esto ocurrirá en el 2014 si la actual tendencia sigue en pie, según un informe reciente de la Universidad de California, Merced (//stopdeportationsnow.blogspot.mx, 25-1-13). Un total de 2,1 millones de inmigrantes ilegales fueron deportados por los sucesivos gobiernos de EE.UU. en el período 1892-1997. En el 2014 el presidente Obama habrá deportado en sólo seis años el mismo número de los que sufrieron idéntico trato a lo largo de 105.

El informe señala que en el 2011 fueron expulsados 188.382 extranjeros por la comisión de delitos: casi el 25 por ciento después de cumplir alguna condena relacionada con drogas, otro 23 por ciento por infracciones de distinto tipo y un 20 por ciento por infringir las leyes migratorias. “El Departamento de Seguridad Interior no es muy específico sobre estas penalidades, pero sabemos que los delitos relacionados con la droga incluyen la posesión de marihuana; las infracciones, incluso el manejar con exceso de velocidad, y los delitos en materia de inmigración, la entrada ilegal y su repetición”. El documento indica asimismo que una parte ingente de los extranjeros deportados desde mediados del 2012 son padres de niños nacidos en los EE.UU.

Esto crea una multitud de problemas familiares, en especial cuando uno de los cónyuges reside legalmente en EE.UU. y el otro no. ¿Con quién se quedan los hijos? La pregunta se repite amplificada cuando padre y madre son deportados. Según un informe del Centro de Investigación Aplicada (CEA), “hay al menos 5100 niños que actualmente viven en hogares sustitutos a quienes se les impide unirse a sus padres deportados o detenidos. Si nada cambia, quince mil más enfrentarán un destino similar en los próximos cinco años” (//noticias.univision.com, 10-1-12). Sólo en California su número asciende a 875.

El CEA estima que fueron deportados más de 46.000 padres de niños estadounidenses en el período de enero a junio del 2012 y que no pocos son abandonados a su suerte (www.americanpro gress.org, 21-8-12). Seth Wessler, autor del informe, había señalado que luego de investigar un año, “encontramos que uno de los efectos colaterales más preocupantes (de las deportaciones) es que muchos niños ahora están separados de sus padres, a veces para siempre. A veces nunca vuelven a verlos” (www.democracynow.org, 10-11-11). Agregó que hay padres que ni idea tenían de dónde estaban sus hijos, sólo sabían que los tenían familias sustitutas.

La vigilancia de los extranjeros que ingresan a EE.UU. y la detención y deportación de inmigrantes ilegales es “la prioridad más alta del gobierno federal”, anota un informe reciente del Instituto de Políticas de Migración (IPM) (www.migrationspolicy.org, enero 2013). La Casa Blanca destina más fondos a la aplicación de las leyes inmigratorias que a todas las demás actividades de cumplimiento de la ley juntas. El gobierno Obama invirtió alrededor de 18 mil millones de dólares en el control de la inmigración en el 2012.

Más de la mitad de todos los procesos de nivel federal están relacionados con infracciones a las leyes de inmigración. Como informó The New York Times, el Departamento de Seguridad Interior, que también se ocupa de estas situaciones, “ha incoado más casos en los tribunales que todos los organismos de aplicación de la ley del Departamento de Justicia juntos, incluidos el FBI, la Agencia Antidrogas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. El gasto total de estos organismos ascendió a 14 mil millones de dólares según cifras oficiales” (www.nytimes.com, 7-1-13), es decir, cuatro mil millones de dólares más. Es que hace falta mucho dinero para causar muchas tragedias.

El presidente Obama insistió en su campaña electoral y reitera ahora que es preciso una política de inmigración más justa, pero se ha jactado de que las deportaciones han dado más seguridad a la población estadounidense. El número de inmigrantes expulsados ascendió a 410.000 en el año fiscal 2012 y muchos de ellos lo fueron sin la orden judicial del caso. Los fondos destinados a impedir la entrada de ilegales por la frontera con México se han incrementado drásticamente.

La posición del mandatario es ambivalente, para decir lo menos. En entrevistas que acordó el miércoles pasado dijo que no puede detener las deportaciones hasta que no se reforme el régimen aplicado a los inmigrantes ilegales: “Obviamente habrá personas que atrapará el sistema y eso es desgarrador”, dijo al periodista de Telemundo Díaz Balart (www.huffingtonpost.com, 13-3-13). Pero agregó: “No me disculpo por aplicar la ley ni por el trabajo que hemos hecho para reforzar la seguridad en la frontera”. En su primer período de gobierno, deportó a más inmigrantes que cualquier otro presidente en la historia de EE.UU. (www.salon.com, 8-1-13).

¿Es Manning un héroe o un traidor?

Es notorio que el soldado Bradley Manning, el abastecedor de Wikileaks de la mayoría de los 250.000 cables reservados o secretos del Departamento de Estado que Assange dio a conocer, aceptó en la primera audiencia del tribunal militar que lo juzga la responsabilidad en diez de los 22 cargos que se le imputan. Aunque son menores, ya le acarrean en conjunto una sentencia de hasta veinte años de prisión. Entre los que se declaró inocente figura el más grave: el de ayudar al enemigo (www.salon.com, 1-3-13). Se pena con prisión perpetua.

Manning explicó en su testimonio que lo había hecho para revelar “el coste de la guerra” en Irak, donde fue analista de Inteligencia, y “abrir un debate sobre la política exterior” de EE.UU.. Declaró que había ofrecido la información a The New York Times, a The Wa-shington Post y a Politico sin solicitar remuneración económica alguna y que, no habiendo obtenido respuesta de esos medios, se la entregó a Wikileaks como último recurso. Naturalmente, esas publicaciones negaron ese hecho, aunque posteriormente aceptaron publicar cables seleccionados vía Wikileaks.

¿Fue sincera la decisión de Manning? Antes había dicho confidencialmente lo mismo a un amigo sobre su desilusión cuando descubrió que los ocupantes detenían “no a insurgentes sino a opositores del gobierno de Maliki. Denunció el hecho ante sus superiores y lo ignoraron. Revisó los documentos que asentaban actos de alta criminalidad y violencia y no pudo ya en conciencia contribuir a su ocultamiento. Fue, en realidad, un acto de conciencia, de buena conciencia y heroísmo”, declaró el columnista Glenn Greenwald, quien cubrió exhaustivamente el caso para el diario británico The Guardian (www.democracynow.org, 5-3-13).

Manning fue encarcelado en mayo del 2010 en condiciones tan duras que el relator especial sobre tortura de las Naciones Unidas Juan Méndez, al cabo de una investigación de 14 meses, concluyó que había sido sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes prohibidos por la Convención de la ONU sobre el tema (www.guardian.co.uk, 12-3-12). Méndez dirigió una carta al gobierno de EE.UU. en la que señaló que el largo período de aislamiento aplicado a Manning entrañaba, a su juicio, una coerción “presuntamente destinada a persuadirlo de que involucrara a otros” (//rogerhollander.word press.com, 12-3-12). Es decir, a Assange.

No fue el único intento: un agente del gobierno visitó a Manning varias veces pretendiendo ser periodista y sacerdote para asegurarle el secreto de lo que conversaran. Según el agente, el prisionero le explicaba que había infiltrado la información porque deseaba que el mundo supiera lo que él había sabido: “Quiero que la gente vea la verdad… sea quien sea… porque sin información, el público no puede tomar decisiones con conocimiento de causa”. Cuando le preguntó a Manning por qué no había vendido los documentos a un gobierno extranjero, éste respondió que la información debía hacerse pública para provocar “una discusión mundial, debates y reformas” (www.guardian.co.uk, 2-3-13). No entregó la información a Al Qaida, no quiso hacerse rico, quería otra cosa, aun conociendo que podía terminar en la cárcel de por vida.

Es curioso. Cuando estalló la cuestión de Wikileaks, los funcionarios estadounidenses afirmaban que la filtración podía poner en peligro vidas humanas. En cambio, Robert Gates, entonces jefe del Pentágono, no le dio la importancia que los fiscales hoy le atribuyen para condenar a Manning. Consideró que las reacciones eran excesivas. “El hecho es –dijo– que los gobiernos tratan con EE.UU. por su propio interés, no porque les gustemos, no porque confíen en nosotros y no porque supongan que podemos guardar secretos. Muchos gobiernos, algunos gobiernos, tratan con nosotros porque nos temen, algunos porque nos respetan y la mayoría porque nos necesita. Como ya se ha dicho, somos todavía esencialmente la nación indispensable. ¿Es embarazoso (lo de Wikileaks)? Sí. ¿Es desa-gradable? Sí. ¿Consecuencias para la política exterior de EE.UU.? A mi juicio, definitivamente modestas” (//thecaucus.blog.nytimes.com, 30-11-10).

Los cargos contra Manning también parecen excesivos. Ni los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward, que destaparon en The Washington Post las trapisondas de Richard Nixon en el llamado caso Watergate causando su renuncia como presidente de EE.UU., ni Daniel Ellsberg, que filtró The New York Times y otros periódicos los “Papeles del Pentágono” sobre la guerra en Vietnam, fueron procesados. Y se trató de historias de innegable magnitud.

Se conoce que Osama bin Laden estaba muy interesado en libros de Bob Woodward como Las guerras secretas de la CIA 1981-1987 (Sudamericana, Buenos Aires, 1988) o Bush en guerra (Península, Barcelona, 2003) que traen mucha información de nivel mucho más delicado y secreto que todo lo filtrado por Manning. Woodward y los altos funcionarios de la Casa Blanca que le proporcionaban esa información nunca fueron acusados de ayudar al enemigo. Tal vez se distrajeron.

Más que a un mono en bicicleta

Más que a un mono en bicicleta

Es lo que tarda EE.UU. en Afganistán, según el parlamentario republicano Walter Jones. Se refería a la promesa de Obama de terminar con el núcleo central de Al Qaida en el país asiático y retirar las tropas en 2014. Aunque no del todo: permanecerá un cantidad no especificada de efectivos a fin de entrenar a las fuerzas de seguridad afganas y para Walter Jones, “se puede entrenar a un mono para que ande en bicicleta en menos tiempo” (//reason.com/archives, 3-1-13). Algunos hechos recientes parecen darle la razón.

Varios miembros de la policía afgana local (ALP, por sus siglas en inglés) entrenados por EE.UU. envenenaron la comida de 17 de sus camaradas antes de ejecutarlos, quitarles las armas, quemar un coche policial y huir (www.nytimes.com, 27-2-13). Los autores eran talibán infiltrados que, a la vez que se entrenaban, esperaron que se fueran todos los del grupo para llevar a cabo la matanza. Un vocero talibán asumió la responsabilidad de la masacre y declaró que era una represalia por “las atrocidades y los crímenes” que las ALP cometen contra los habitantes de la zona. ¿Cómo parar estas infiltraciones? ¿Habrá un entrenamiento adecuado para ello?

La ALP está integrada por milicias armadas que las fuerzas operativas especiales de EE.UU. entrenan y apoyan para combatir al talibán en poblados y zonas alejadas de la capital. Son tan brutales como su enemigo, extorsionan a los habitantes cobrándoles “impuestos” y actúan en función de las lealtades étnicas (www.nytimes.com, 2-9-12). Un informe de Human Rights Watch documenta “abusos graves como asesinatos, violaciones, detenciones arbitrarias, secuestros, apropiaciones de campos y allanamientos ilegales” perpetrados por las ALP (www.hrw.org, 12-9-12). Si ésta es una policía entrenada, cabe preguntarse para qué.

El miércoles pasado los talibán atacaron con misiles la muy fortificada base Camp Bastion, la mayor de los invasores, ubicada en la provincia sureña de Helmand: alberga a 4000 efectivos británicos, estadounidenses, daneses y estonios. Un vocero del Ministerio de Defensa afgano declaró que el ataque no causó bajas ni daños (www.guardian.co.uk, 27-2-13). De todos modos, esto oscurece la visión rosada de la marcha de la guerra que propalaban hasta hace muy poco altos funcionarios como el general Petraeus, ex jefe de las tropas de la coalición en Afganistán y ex director de la CIA, o Leon Panetta, ex jefe del Pentágono, cuando lo era.

Obama mismo convirtió esa presunta marcha hacia la victoria en uno de los ejes de su campaña electoral. “Hemos quebrado el auge talibán”, dijo en mayo en la base aérea Bragram en mayo pasado. “Hemos logrado la declinación del talibán”, dijo en septiembre cuando aceptó su nominación como candidato a presidente del partido demócrata. Pero el martes pasado, miembros del Pentágono reconocieron que los ataques de los insurgentes no han disminuido y mantienen el nivel de 2011 y 2012 (www.foxnews.com, 26-2-13). Todo se debió a “un error de oficina”, declararon, por el cual se estimaba que los embates de los talibán habían disminuido un siete por ciento. Con estos datos falsos, el optimismo imperaba en la Casa Blanca.

La cifra errónea había sido mostrada en el sitio de las fuerzas de la coalición a fines de enero y retirada hace unos días sin mayor explicación. Jaime Graybeal, un vocero de las tropas ocupantes, no explicó con claridad cómo se había producido ese “error de oficina”, pero lo reconoció y dijo que se lo había corregido (//marinecorpstime.com, 26-2-13). Desde luego, no mencionó en qué medida esa equivocación ha influido en la adopción de decisiones políticas y de estrategia militar.

Otros datos de precisión dudosa andan por ahí. La Misión de las Naciones Unidas de Asistencia en Afganistán publicó recientemente su informe anual 2012 en el que afirma que la cifra de muertos civiles ha declinado en Afganistán por primera vez desde el 2007 (//unama.unmission.org, febrero 2013). Es un informe contradictorio: señala que aumentó un 20 por ciento el número de mujeres asesinadas y heridas. 300 fallecieron y 560 sufrieron lesiones de diferente gravedad. Agrega que, en comparación con el 2011, en 2012 se incrementó un 9 por ciento el total de civiles muertos y heridos, la mayoría como consecuencia de operativos talibán, así como los ataques estadounidenses con aviones no tripulados, que pasaron de 243 en el 2009 a 494 en el 2012 y acrecentaron los “daños colaterales”.

Los talibán han perdido buena parte del territorio que controlaban cuando EE.UU. envió más tropas en el 2010, pero siguen atacando. En cuanto a la preparación de las fuerzas de seguridad afganas para combatirlos (que dura hace años), pareciera nomás que se puede entrenar a un mono para que ande en bicicleta en menos tiempo.

Ni sus compatriotas se salvan de Obama

Ni sus compatriotas se salvan de Obama

Lo admitió él mismo: envió agentes de la CIA a Yemen para asesinar a un ciudadano estadounidense, a su hijo adolescente y al hijo de un amigo. Ocurrió en 2011 y dijo que lo había ordenado porque su compatriota adulto instaba a combatir contra EE.UU. y que los jóvenes apenas fueron “un daño colateral” (www.washingtonpost.com, 14-2-13). Se conocía lo ocurrido, pero es la primera vez que el mandatario lo acepta abiertamente. Agregó que haría lo mismo cada vez que estuviera convencido de que matar a estadounidenses era necesario para salvaguardar la seguridad de EE.UU. El adulto del caso no tenía antecedentes ni había sido procesado o condenado por jurado alguno. En cambio, fue ejecutado extrajudicialmente por un drone (avión no tripulado) de la CIA.

El ex juez de la Suprema Corte de Nueva Jersey Andrew P. Napolitano opinó en The Washington Post que “el derecho internacional y el derecho en tiempos de guerra, a los que EE.UU. está sujeto por pactos (vinculantes), así como el derecho federal y los valores judeo-cristianos que subyacen en la Declaración de Independencia (que garantiza el derecho a la vida) y la Constitución (que permite la injerencia gubernamental con el derecho (a matar) sólo después de una declaración de guerra del Congreso o un debido proceso individual), todos establecen que la certeza de la identidad de un blanco humano, la veracidad en que se basa el deseo de su muerte, la percepción de su culpabilidad y un peligro inminente son insuficientes para justificar que el gobierno utilice una fuerza letal contra él. El presidente sólo puede ejecutarlo legalmente después del debido proceso o en defensa propia o declarando la guerra”. Se ignora qué peligro inminente representaban las víctimas a miles de kilómetros de distancia de EE.UU.

Muchos observadores se preguntaban de qué base militar despegaban –y despegan– los drones que lanzan sus misiles en Yemen, Pakistán y Somalia cobrando la vida de centenares de civiles, mujeres y niños incluidos. Algunos medios descubrieron que está localizada en Arabia Saudita. Jay Carney, vocero de la Casa Blanca, explicó: “Damos estos golpes porque son necesarios para mitigar amenazas reales, para terminar con los complots, para prevenir ataques futuros y, nuevamente, para salvar la vida de estadounidenses” (www.telegraph.co.uk, 6-2-13). No la de todos los estadounidenses, por lo visto.

Algunos militares y funcionarios de los servicios de inteligencia de alto rango han expresado su preocupación por esta clase de guerra. El general (R) Stanley A. McChrystal, ex jefe del Comando de Operaciones Especiales que tiene a su cargo los operativos con drones, dijo en una entrevista con la agencia informativa Reuters que éstos “podían ser útiles, pero despiertan ‘un odio visceral’ en los lugares donde se producen y contribuyen a una ‘percepción de la arrogancia estadounidense’” (www.nytimes.com, 5-2-13). Y, tal vez, al reclutamiento de más militantes de Al Qaida.

Un informe presentado recientemente a la Corte Suprema de Peshawar –centro administrativo de las áreas tribales de Pakistán– da cuenta de que en los últimos cinco años 147 ataques de drones en Waziristan Norte, una pequeña zona rural del tamaño de Long Island, causaron la muerte de 894 personas, entre ellas, 35 mujeres y 24 niños (www.thenews.com.pk, 14-2-13). La mayoría de las víctimas pertenecían a la tribu local y los jueces expresaron su insatisfacción porque el informe del fiscal no distinguía entre militantes y civiles no combatientes, datos que era imposible obtener, de manera que todos pasaron a integrar la larga lista de “sospechosos de terrorismo”.

Una encuesta del Pew Research Center revela que no le falta razón al general McChrystal acerca de la opinión exterior sobre los ataques con drones (www.people-press.org, 6-2-13). Mientras en EE.UU. los apoya un 62 por ciento, incluso en Gran Bretaña los desaprueba un 47 por ciento y en Alemania el 59 por ciento. Ni hablar de los países árabes: en Túnez los condenó el 72 por ciento de los encuestados, en Egipto el 89, en Jordania el 85. Hasta en países como Brasil y Grecia se registraron altos índices de rechazo: 76 y 90 por ciento respectivamente.

Cabe, sin embargo, matizar la posición de los interrogados en EE.UU.: el 81 por ciento se mostró muy preocupado o algo preocupado porque esos ataques ponen en peligro la vida de civiles (www.people-press.org, 11-2-13), el 65 por ciento manifestó mucho o algo de temor de que provoquen la represalia de los extremistas y el 57 consideró que dañan la reputación internacional de EE.UU. Al mismo tiempo, el 66 por ciento estimó que son perfectamente o bastante legales. Al parecer, no todos los estadounidenses conocen la Constitución estadounidense.

La invasión a Mali despabila a EE.UU.

La invasión a Mali despabila a EE.UU.

Es verdad que la Casa Blanca nunca estuvo dormida respecto al Africa: entre otras cosas, viene entrenando a tropas de 34 países y el Comando Estadounidense para Africa (Africom, por sus siglas en inglés) con sede en Stuttgart, encargado de los operativos militares “para apoyar la democracia y la libertad” en el continente negro, ha instalado numerosas bases que llevan el nombre gentil de “locaciones cooperativas de seguridad”. Pero la invasión francesa de Mali abrió las puertas para concretar la denominada “lucha contra el terrorismo” en Africa. Es decir, la guerra, como en Irak, como en Afganistán.

Enfrentar la amenaza de Al Qaida es, como de costumbre, la consigna que enarbolan Washington y París, su socio menor en la OTAN. Pero la cuestión no es tan clara. Como señala Patrick Cockburn, ex corresponsal en Medio Oriente del Financial Times: “La insurgencia nacionalista tuareg, y no el islamismo radical, es el corazón de la crisis en Mali. ¿Qué está haciendo AQIM (nombre del grupo jihadista presuntamente afín a Al Qaida) en el norte de Mali, que nunca fue en el pasado un bastión de los fundamentalistas? AQIM es un movimiento que emergió de la guerra civil de los ’90 en Argelia. Fundado en 1998, sus miembros se trasladaron al norte de Mali en el 2003, cuyo gobierno los consideró una contrapartida de los separatistas tuareg” (www.counterpunch.org, 21-1-13).

En efecto, el gobierno maliense no sólo ha tolerado los operativos de AQIM en la última década: también sacó provecho de los secuestros y del narcotráfico practicados por los falafistas jihadistas. Siempre desvió a AQIM la ayuda militar internacional recibida para impedir el secesionismo tuareg. Agrupados en el Movimiento Nacional por la Liberación de Azawad (MNLA, por sus siglas en inglés), los tuaregs se rebelaron en el 2012, desalojaron del norte de Mali a las tropas del ejército y declararon la independencia de Azawad, un territorio que comprende el 60 por ciento del país. El gobierno maliense usó a AQIM para combatir al MNLA, que se caracteriza por su laicismo.

Es confusa además la relación de AQIM con Al Qaida. “A menudo se lo describe como una ‘rama’ de la central de Al Qaida a la que Osama bin Laden dio fama”, señala The Washington Post. Agrega: “Es muy difícil conocer la conexión exacta entre los líderes de AQIM en Argelia y los que operan muy lejos en Irak y Afganistán. Pero la trayectoria de AQIM sugiere que sobre todo actúa por cuestiones locales, más que en función de la ‘jihad global’ que impulsa la central de Al Qaida” (www.washingtonpost.com, 17-1-13).

Francia combate ahora contra AQIM y, en particular, contra el MNLA. Es que el separatismo tuareg podría ganar adeptos en las naciones vecinas. Azawad, que alguna vez fuera un Estado no reconocido, abarca zonas del norte maliense, pero también del norte de Níger, el sur de Argelia y el sur de Libia. Y muy cerca, en Níger, Francia explota dos minas de uranio que satisfacen el 30 por ciento del abastecimiento de su sistema nuclear, que proporciona el 75 por ciento de la electricidad que insume. Está instalando la tercera, pero sería subestimar el verdadero núcleo de la cuestión reduciéndola a los intereses de Francia.

El problema para Occidente en Africa es, en realidad, China. A lo largo de los años, Beijing ha instalado unas 2000 fábricas propias en distintos países del continente, una inversión indirecta cuyo monto el Banco Mundial estima en 33.000 millones de dólares. El comercio chino-africano fue por valor de 200.000 millones de dólares en el 2012 y aumenta a una tasa anual del 33,6 por ciento (www.chinadaily.com.cns, 19-7-12). Y luego, las inversiones en la explotación de materias primas, petróleo incluido: 90.000 millones de dólares hasta mediados del año pasado (www.businessinsider.com, 27-6-12).

La síntesis de la cuestión sería contener a China detectando a Al Qaida en todas partes, fatigado pretexto para intervenir militarmente. En Washington se habla ya de una larga guerra en toda la región del Sahel, que se extiende desde el Atlántico hasta el Mar Rojo. Un funcionario estadounidense se refirió a la intervención occidental en Mali: “Va a tomar mucho tiempo y tiempo significa que puede durar varios años” (www.washibgtonpost.com, 28-1-13). “Algunos altos funcionarios y mandos militares del Pentágono advierten que, sin una acción más agresiva de EE.UU., Mali podrá convertirse en un refugio para los extremistas” (www.latimes.com, 18-1-13).

La Casa Blanca diseña un plan para instalar una base permanente de aviones no tripulados en Africa, según The New York Times. Un funcionario declaró a este periódico que tal base “está directamente relacionada con la misión en Mali, pero también le daría al Africom una presencia más perdurable” (www.nytimes.com. 28-1-13). Como dijera el nuevo secretario de Estado, John Kerry, ante el Senado: “China está en toda Africa, repito, en toda Africa. Y están comprando contratos a largo plazo para la explotación de minerales. Y hay algunos lugares en los que no estamos en el juego. Y odio decir esto. Y tenemos que entrar” (www.upi.com, 24-1-13). Cristal clear, como dicen por allá.