No, no se entiende. Fuera de España no se entiende qué está pasando en España con el juez Baltasar Garzón. ¿A proceso por su intento de juzgar crímenes de lesa humanidad? ¿Lo castigan por su desvelamiento de la oscura trama de corrupción tejida por personalidades de un partido político? ¿Se judicializa la política española? ¿Se politiza la justicia española?

Conocí al juez Garzón en 1997, cuando, con mi esposa Mara La Madrid, le elevamos una denuncia por el asesinato de mi hijo Marcelo Ariel y la desaparición de mi nuera María Claudia, padres de una niña o un niño nacido en cautiverio del cual supe la existencia por la Secretaría de Estado de El Vaticano. Era el único juez ante quien podíamos hacerlo: no había otro en el mundo dispuesto a escuchar el relato de los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina. No había otro juez en el mundo que atendiera las heridas de las víctimas de Pinochet y no hubo otro que decidiera procesarlo.

Lo volvimos a ver en el 2000, esta vez para querellar a los represores de la dictadura uruguaya que asesinaron a mi nuera, le robaron la hija –era una niña, mi nieta, a la que encontré 23 años después de nacida– y desaparecieron los restos de María Claudia. Nos recibió con la misma deferencia y con un rostro que el sufrimiento ajeno le había escrito. Salimos de su despacho con alguna esperanza de justicia, la que esperaban y aún esperan centenares de miles de castigados por la espada en nuestro continente.

No voy a fingir una inocencia que no tengo. En la Argentina habemos jueces que violan el derecho de gentes, el derecho humanitario internacional, los derechos de los agredidos, la moral y la ética más corrientes, movidos tal vez por viejas complicidades. El juez Garzón no pertenece a esa tribu y que lo juzguen por hacer justicia no se entiende. No lo entendemos en América latina. Tampoco en otras partes del mundo